La financiación (España) o financiamiento (Latinoamérica) de los partidos políticos aborda la cuestión esencial de cómo se sufragan los gastos que generan las distintas actividades partidistas.
Históricamente, los partidos políticos han pasado de financiarse de forma exclusivamente privada a utilizar un sistema mixto en el que predominan las aportaciones de carácter público.
Los recursos privados proceden de las cuotas de los afiliados, de los rendimientos patrimoniales del partido, de los donativos recibidos y de los préstamos obtenidos. Respecto a los recursos públicos, se puede establecer una división fundamental entre las aportaciones directas e indirectas.
Por lo general se exigen ciertos requisitos para la percepción de recursos públicos, como una determinada cantidad de votos o de representación parlamentaria, algo que también influye en la cantidad de fondos asignados, que son desembolsados según un calendario. En ciertos casos, se prohíben las contribuciones privadas procedentes de determinadas fuentes, pudiendo establecerse un límite a los fondos donados. Finalmente, es frecuente que existan organismos dedicados al control presupuestario de los partidos, así como mecanismos de sanción contra las irregularidades financieras.
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